31 países emiten declaración conjunta sobre la situación de Venezuela

Treinta y un países se reunieron la tarde de este jueves, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para discutir las graves preocupaciones que tienen sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar su apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en el país caribeño.

Tras el encuentro, a puerta cerrada, emitieron una declaración conjunta que incluye a los Gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos, según el documento compartido por la web del Departamento de Estado de EE.UU..

Tras celebrar la valentía del pueblo venezolano en la defensa de sus derechos, luego de las presidenciales del pasado julio, los gobiernos expresaron que "la voluntad (de la nación caribeña), expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta."

El comunicado recuerda que los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral de Venezuela, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los centros de votación, como se exige.

Today at UNGA, the U.S. stood united with our partners in support of the Venezuelan people and called for a return to democracy. The will of the people must be respected.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2024

El texto compartido por varios medios, asegura que decenas de países están "profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones.

La declaración agrega que "estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil". Ponen de ejemplo la orden de arresto emitida a principios de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien, según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio, que obligó al antichavista a abandonar el país.

En el texto el grupo de países exige "la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo", y recalcan que es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de forma pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias.

Piden además, que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil.

En la misma reunión, el secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken, pidió al mundo pasar a las acciones concretas y aumentar presión contra régimen de Nicolás Maduro. 

#LoUltimo/La reunion con el @SecBlinken fue a puerta cerrada, el tema: Venezuela. El Sec Blinken pide al mundo pasar a las acciones concretas y aumentar presión contra régimen de #Maduro En el transcurso del día de hoy se haría público un comunicado conjunto que cuenta con la… https://t.co/Hpb8TAf8Rt

— Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) September 26, 2024

Asimismo, hicieron un llamado a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos regrese de inmediato a Venezuela y se creen las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente con su mandato.

También incitaron a Venezuela a que defienda y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano.

Los países firmantes alegan que es hora de crear las condiciones para una transición pacífica de poderes en la nación latinoamericana, y afirmaron que se solidarizan con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro.