Política
El Salvador destruye lápidas de pandilleros en el marco del combate al crimen organizado
Varios reclusos fueron enviados a los cementerios con mazos y palancas para rompar todas las lápidas pertenecientes a los miembros de la Mara Salvatrucha
Noviembre 3, 2022 7:40am
Updated: Noviembre 3, 2022 2:56pm
El gobierno de El Salvador intensificó sus esfuerzos para combatir la violencia de las pandillas y envió a varios reclusos a destruir las tumbas de miembros de pandillas en la época del año en que los salvadoreños suelen visitar las tumbas de sus seres queridos.
Los reclusos fueron enviados a los cementerios con mazos y palancas y se les indicó que rompieran todas las lápidas que tuvieran la marca "MS", la cual muestra que pertenecían a la pandilla Mara Salvatrucha.
Los criminales habían hecho tumbas con distintivos de pandillas para "honrar" a sus cómplices que ya fallecieron.
— PenalesSV (@PenalesSV) November 1, 2022
Pero el tiempo de los terroristas, llegó a su fin, y por ello fueron DESTRUIDAS.
NO MÁS PANDILLAS EN EL SALVADOR.#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/AsuoejZGYb
En el suburbio de Santa Tecla, en San Salvador, los reclusos destruyeron casi 80 lápidas en el cementerio municipal, informó el alcalde Henry Flores.
Además, los reclusos recibieron la orden de borrar todos los grafitis relacionados con las pandillas que encontraran. "Nuestro plan es que no haya grafitis para que la gente se sienta segura", explicó Flores.
En El Salvador, destruyen tumbas con distintivos de pandillas.
— Yisell Arévalo (@YisellArevalo) November 2, 2022
📹: @ChrisGuevaraG pic.twitter.com/cx4bPRkHcl
El 27 de marzo, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia para suspender temporalmente las protecciones constitucionales, luego de que el país experimentara un importante aumento de los homicidios. En cuatro días fueron asesinadas 89 personas, frente a las 79 registradas en todo febrero.
Bajo esta situación, Bukele reformó el código penal del país para aumentar las penas de prisión a los miembros de las pandillas y juzgar como adultos a los menores que son presuntos miembros de estos grupos.
Además, el gobierno impuso límites a la libertad de asociación, suspendió las protecciones constitucionales para los detenidos e incluso permitió interceptar las llamadas telefónicas y correos electrónicos sin orden judicial. Desde entonces, el gobierno salvadoreño afirma haber detenido a más de 56.000 personas vinculadas a las bandas.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales han criticado las medidas de Bukele, ya que afirman muchas de esas detenciones han sido arbitrarias y que, en realidad, se ha detenido a varios inocentes.
