Economía
Sil26: Mipyme distribuidora de Supermarket23, dirigida por diplomático y nieto de General cubano
La empresa cubana Sil26 está dirigida por Ángel David Fernández del Valle, un abogado y diplomático cubano, nieto del fallecido General de División Sergio del Valle Jiménez.
Octubre 20, 2023 12:37am
Updated: Octubre 20, 2023 3:18pm
La sociedad unipersonal Sil26, liderada por el abogado Ángel David Fernández del Valle, quien fuera el tercer secretario de la embajada cubana en Rusia en 2016, se suma al creciente número de proyectos de desarrollo local (PDL) en Cuba que han evolucionado hacia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y están hoy en manos de conocidos miembros de la cúpula militar cubana y del Partido Comunista.
El diplomático Ángel David Fernández del Valle, graduado de derecho y luego del Instituto de Relaciones Internacionales, está estrechamente relacionado con una de las figuras más destacadas del castrismo. Su abuelo, el General de División Sergio del Valle Jiménez, quien falleció en 2007, ostentó la posición de Jefe del Estado Mayor General y fue un leal colaborador militar de Fidel Castro durante la crisis de los misiles soviéticos en 1962, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear.
"A medida que Cuba se alineó con el bloque soviético después de 1968, Del Valle se convirtió en un ministro del interior firme durante más de una década, manteniendo a raya a los disidentes y abogando por el uso de la pena de muerte", según un obituario en The Guardian. Del Valle fue, además, director del tribunal que sentenció a Huber Matos a 20 años en presidio.
En contraste, su nieto ha emulado la trayectoria de otros descendientes de la élite militar al desempeñar roles diplomáticos primero y luego adentrarse en actividades económicas. Récords en las Naciones Unidas lo ubican en 2018 participando en cursos de Derecho Internacional junto a otros diplomáticos cubanos.
62,000 Milenios de Privilegios: La Revolución y sus Beneficiarios
Fernández del Valle es el hermano de Camila Fernández del Valle, quien se autodenomina como "una cubana roja hasta la médula" y que ha elogiado a la revolución cubana como una obra "grande y hermosa". Camila está casada con Raúl Torres, cantautor comunista que le ha dedicado canciones a dictadores fallecidos como Fidel Castro y Hugo Chávez y quien se describe como "fidelista".
Torres compuso la despreciada canción que criticaba a "Patria y Vida", en la que se afirma que "a la Revolución le quedan 62.000 milenios". En el pasado, recibió una ola de críticas por comparar a las madres cubanas, que no podían alimentar a sus hijos y criticaban al General García Frías, con "prostitutas insatisfechas".
Un artículo en la prensa oficial sugiere que Sil26 es una empresa de carácter "familiar", aunque no se proporciona información detallada sobre qué miembros de la familia están involucrados en ella.
La relación entre Sil26 y Supermarket 23
Desde hace unos años, Fernández del Valle fundó en Cuba la distribuidora de cargas y servicios logísticos Sil26, que distribuye los productos del comercio electrónico Supermarket23, una opaca red de tiendas de comercio electrónico que ha sido vinculada al Grupo Palco (antes de GAESA) y a otras entidades estatales como Alcona S.A. y el Minag.
A pesar de haber sido registrada en Florida en 2016, Supermarket 23 mantiene relaciones comerciales con Cubanacán Express desde hace 20 años, realizando envíos a Cuba por medio de Panamá. Cubanacán está dirigida por Armando Almeida Pérez y es la transitaria que pertenece al Ministerio de Turismo, según la prensa oficial cubana.
Pero fue durante la pandemia que Sil26 se unió a estas entidades para comenzar a distribuir los productos que Supermarket23 cobra en el extranjero para luego ser entregados en Cuba. Al inicio, según del Valle, Sil26 operaba bajo una licencia de mensajería, pero, al entrar en vigor el Decreto-Ley 33 para el Desarrollo Territorial, se transformó en un proyecto de desarrollo local (PDL) hasta registrarse como Mipyme el 11 de septiembre de 2021 en el Municipio de Plaza de la Revolución.
"Todos coexistimos como en un ecosistema, porque de la plataforma [Supermarket 23] son proveedores lo mismo empresas estatales que producen dulces, carne de res, viandas o vegetales, como simples TCP u otros que están por convertirse en PDL y venden sus producciones a la plataforma Supermarket23”, explicó Fernández del Valle en 2020 en una revista sobre cuentapropismo en Cuba.
Aunque el registro de Sil26 la describe como una Mipyme privada enfocada en la producción y distribución de alimentos, la revista cubana TCP y su director señalan que, en realidad, Sil26 “representa mucho más que eso”, ya que es también un Proyecto de Desarrollo Local (PDL).
"Esta empresa se encarga de procesar los pedidos que hacen los usuarios desde el extranjero, en los mercados virtuales", indica un reportaje de Cubavisión, en el que se enfatiza que, si bien Sil26 es un proyecto de desarollo local (público-privado), es, además, un Mipyme.
Sil26 no es el primer ejemplo registrado de un PDL que, con el tiempo, evoluciona hacia una Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipyme) controlada por descendientes de altos generales.
La semana pasada se hizo público que la Mipyme Gaia SRL es también un PDL y pertenece a la hija de Mariela Castro, Lisa Titolo Castro. Esta empresa se dedica a la venta de productos de la canasta básica a precios inaccesibles para los cubanos de la isla, por medio de plataformas de comercio electrónico.
Sin embargo, la manera en que un PDL, que involucra la colaboración de diversos actores comunitarios, recursos públicos y empresas estatales, puede transformarse en una entidad privada, incluso unipersonal, y cómo se gestionan estos recursos después de la transformación de un PDL en Mipyme privada, sigue siendo un proceso opaco.
A pesar de los esfuerzos de ADN por contactar a Fernández del Valle, al momento de la publicación no hemos recibido respuesta.
Relación entre PDL y Mipymes y su dependencia estatal
Los (PDL) son alianzas público-privadas entre “gobierno, universidades, entidades de ciencia, tecnología e innovación, empresas, sector presupuestado, y la comunidad”, según los define el Decreto 33 para el desarrollo territorial.
Estos proyectos tienen "identidad propia", ya que constituyen una alianza entre la iniciativa ‘privada’ y el Gobierno, pero no gozan de personalidad jurídica. Esta "identidad propia" les permite entrar en relaciones contractuales y abrir cuentas de banco.
En el 2022 ya habían sido aprobados en Cuba 870 proyectos de desarrollo local, según Cubavisión; estos, a su vez, se han ido reconstituyendo como Mipymes, lo que les permite abrir cuentas en MLC y realizar contrataciones manteniendo su carácter de PDL.
En algunas de sus publicaciones, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) define estas entidades como “encandenamientos entre el sector estatal y no estatal”.
Las Mipymes y las cooperativas no agropecuarias (CNA) que están naciendo en el entorno económico cubano pueden formar parte de un PDL, conforme a lo que establece la ley cubana. Pero, en el caso de Sil26, fue el PDL lo que se transformó en una Mipyme de responsabilidad unipersonal.
En este contexto, es relevante destacar que dentro del ecosistema de estos proyectos de desarrollo local intervienen iniciativas impulsadas, por ejemplo, por organizaciones de masas como la UJC o los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que son entidades encargadas de tareas de vigilancia colectiva con el objetivo de detectar a individuos que se oponen al sistema político cubano.
Según lo establecido en el Decreto-Ley 33, las organizaciones de masas también pueden presentar un proyecto para iniciar un PDL. A esto responde, según la prensa estatal, la campaña #CultivaTuPedacito, impulsada por los (CDR) y el espía Gerardo Hernández, que ha 'apadrinado' la Mipyme 'Alimentos Alelí", la cual surgió primero como un PDL, según multiples reportes.
Los proyectos de desarrollo local no son una novedad, constituyen una alianza entre la iniciativa ‘privada’ y el Gobierno cubano, que tuvo sus comienzos en Cuba en 1998, como una vía para supuestamente “descentralizar la economía” a partir de un modelo "socialista más eficaz" y capaz de "insertarse internacionalmente".
Pero este proceso de "descentralización", en lugar de evolucionar hacia una economía de libre mercado, se traduce, de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución de la República aprobada en 2019, como una concesión de otorgar mayor autonomía y personalidad propia a los municipios, los cuales tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades locales.
Aunque para el economista Elias Amor, estas normas no están diseñadas para promover un verdadero desarrollo local, sino para aumentar el control del régimen sobre los recursos locales y desviar la atención de los problemas más apremiantes que enfrenta Cuba.
No fue hasta el año 2011 que el VI Congreso del PCC reconoció oficialmente los PDL como parte de la estrategia de gobierno, en su Lineamiento Número 34, según la revista El Toque. De esta forma, cientos de PDL han sido impulsados a través de los años por fondos de cooperación internacional, incluyendo la embajada Suiza e Italia, fondos de las Naciones Unidas y fondos públicos del estado, según datos de las Naciones Unidas, la embajada Suiza y el MEP.
Por otro lado, la utilización de estos "incentivos" provenientes de la cooperación internacional está sujeta a un análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Negocios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), que otorga los fondos a los "proyectos de interés del Gobierno" y se administran a nivel municipal y provincial, según reportes del estado cubano.
Según Swissinfo, en la actualidad los subsidios que recibe Cuba para estos proyectos son coordinados a través de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral (PADIT), que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo a un reporte de PADIT, una red de más de 30 entidades estatales reciben, administran y/o distribuyen estos subsidios y se encargan de realizar levantamientos en las comunidades para determinar las necesidades productivas de cada localidad y así aprobar los PDL.
De esta forma los PDL son coordinados por El Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL), un centro de estudios del gobierno cubano que realiza investigaciones y desarrolla una guía que incluye las necesidades de los municipios. Según documentos y videos publicados en la prensa estatal analizados por ADN, los "líderes" de los PDL son en ocasiones convocados por los mismos gobiernos municipales o las organizaciones de masa.
“Fue el propio gobierno municipal que nos convoca a participar en la estrategia de desarrollo de la actividad agrícola del territorio”, explica Raúl Reloba, directivo del PDL Vista Hermosa, que está bajo el amparo de una cooperativa.
En el caso de Sil26, el proyecto es “atendido” por el Ministerio de la Agricultura, según sugiere un artículo publicado en la prensa estatal. Además de los almacenes y servicios de logística que le brinda a los comercios online, Sil26 también gestiona un rudimentario agro con productos de Acopio en el barrio de la Dionisia, aunque, atendiendo a lo que explican sus obreros en la prensa oficial, los productos de Acopio no llegan ni con "periodicidad ni calidad".
De acuerdo con Dangel Martínez Martínez, uno de los obreros del PDL: “Todo el proyecto se discutió con el Viceministro de la Agricultura que en aquel momento atendía el barrio, dieron acceso a la compra de los materiales [para reparar el agro], todo es de conocimiento también del gobierno local y del Ministerio de Comunicaciones, que actualmente atiende el barrio y nos visitan constantemente”.
Además, es usual encontrarse en redes sociales que otros PDL populares, como Carnes D’Tres, también transformados en Mipymes, reciben visitas regulares de altos funcionarios del partido comunista u organizaciones de masas como la UJC, y en algunos casos, incluso, del presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como ocurrió con Finca Costera, un PDL que recientemente participó en una polémica reunión de empresarios en Miami, pero que estaría vinculado a la empresa estatal Havanatour.
Para el abogado Reimel Ariosa, uno de los fundadores de Gowper, una firma española especializada en Derecho Internacional, las Mipymes son un sistema de blanqueamiento mediante el cual empresas asociadas al sector militar intentan colocar sus productos en mercados restringidos como Estados Unidos, mientras que en la realidad continúa existiendo un recio control público, según una entrevista concedida por él a Cubanet.
Si bien la Comunidad Europea puede apoyar con subsidios a estas asociaciones público-privadas, en Estados Unidos el embargo impide invertir en empresas mixtas, explicó a ADN Julio Pellitero, socio de Gowper. Además, agregó que debido a esta imposibilidad, para el régimen podría ser importante transformar estas asociaciones público-privadas, que están en manos confiables, en entidades privadas, aunque su estructura de gobernanza y los acuerdos previos que tienen determinen que el estado ejerza un alto control y sean quienes tienen voz en las decisiones clave.
Entre los subsidios para la ejecución de los PDL se cuentan fondos de la cooperación internacional, la inversión extranjera y fondos públicos del presupuesto del estado y la contribución territorial, según explica la viceministra de Economía y Planificación de Cuba, Mildrey Granadillo de la Torre, con base en el Decreto 33 para el desarrollo territorial.
Para Juan Antonio Blanco, presidente del centro de pensamiento Cuba Siglo 21, la importancia del fenómeno de las Mipymes trasciende la mera cantidad de empresas vinculadas a familiares o agentes del régimen y se centra en la realidad de un proceso selectivo y discriminatorio contra todo emprendedor crítico, disidente o activista de la oposición.
“A ello hay que agregar la ausencia de libertades económicas básicas como son la autonomía para decidir el sector en que se desea hacer un negocio, su expansión, la posibilidad de tener más de un sector, la libertad para exportar e importar directamente, decidir quiénes serán los socios. inversionistas y empleados, fijar los precios, disponer libremente de sus cuentas bancarias, y muchas otras que definen si existe realmente un “sector privado “ en Cuba. Las estructuras que el gobierno cubano ha establecido alrededor de estos negocios son para ejercer su control en todo momento y poder revertir ese proceso cuando lo deseen.
"La pregunta entonces, no es sólo cuántas de estas empresas están conectadas con funcionarios gubernamentales y las familias de oligarcas, sino cuántas son propiedad de disidentes", advierte Juan Antonio Blanco.
"Cuando observamos que ninguna de estas 9,000 entidades está en manos de personas que puedan ser vistas como “desafectas” u opositores, podemos apreciar el nivel de control total que el régimen ejerce sobre el proceso de aprobación de las licencias de mipymes, lo cual es muy diferente al mas laxo que existía con los permisos para el trabajo por cuenta propia", agregó.
En el caso de las Mipymes que también funcionan como PDL, este nivel de control se hace evidente, ya que las ganancias de estos proyectos, después de impuestos, se distribuyen de la siguiente manera: un 50% se destina a un fondo de reservas congelados, mientras que la otra mitad se reparte entre el gobierno municipal y los propietarios del negocio, según los porcentajes establecidos durante el “proceso de distribución”. Ello sugiere que el régimen cubano mantiene un control riguroso sobre estas entidades, incluso cuando están registradas bajo la categoría de "privadas".
El apoyo del gobierno municipal o provincial que reciben los PDL les posibilita "un tratamiento preferencial”, ya que pagan menos impuestos sobre la ventas y las utilidades (5%-10%) en contraste con las cooperativas no agropecuarias (CNA) y Mipymes, que pagan un 35%. Además, no pagan impuestos aduaneros por la importación de maquinarias y tecnología para procesos inversionistas. Sin embargo, tras casi dos décadas de implementación, los resultados y la sostenibilidad de estas iniciativas municipales no ofrecen certeza.
En un informe presentado por el gobierno cubano ante las Naciones Unidas en 2018 se destacaba el éxito de un Proyecto de Desarrollo Local (PDL) denominado "Carpintería Sabanilla", en Baracoa. Según el informe, se había logrado "la incorporación de mujeres y jóvenes a la Carpintería de Sabanilla (20% mujeres y 40% jóvenes)". No obstante, en el transcurso de los años, hasta 2022, según un reportaje publicado en la prensa oficial, el taller respaldado por PADIT ya era improductivo y tan solo cuatro hombres trabajaban en él.
En un video de la televisión estatal los cuatro trabajadores que quedaban expresaban su pesar por no poder llevar a cabo su trabajo debido a “que la madera no llega”. Uno de los obreros del PDL se lamentaba contando: "Con alguna bobería que haya, hacemos unas persianas de baño que es lo único que se puede hacer porque no hay madera".
