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Narcotráfico

Nueva política antidrogas de Colombia y EEUU provoca debates

Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia dieron a conocer las líneas y ejes de acción de la que será su nueva política antinarcóticos, basada en la reducción de la oferta de drogas, la protección del medioambiente, y el aumento de la seguridad y desarrollo en zonas rurales.

Octubre 26, 2021 8:40pm

Updated: Octubre 27, 2021 4:57pm

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos (ONDCP por sus siglas en inglés) indicó este lunes en un comunicado que la nueva estrategia antinarcóticos para Colombia fue desarrollada por los gobiernos de ambos países, luego de meses de trabajo conjunto. La política tiene un “enfoque holístico”.

Se prevé reducir la oferta de narcóticos utilizando diferentes estrategias como la erradicación de hoja de coca, la destrucción de laboratorios de cocaína, la reducción de la demanda, la prohibición, los esfuerzos contra el lavado de dinero y el enjuiciamiento de narcotraficantes, según informó este martes Associated Press.

En Colombia, los precandidatos colombianos Juan Carlos Echeverry y Juan Manuel Galán debatieron en RCN Radio el anuncio.

Echeverry argumentó que deben darse los debates a nivel nacional e internacional, para tener herramientas que permitan tomar decisiones orientadas a largo plazo.

“Una cosa es el debate internacional sobre la legalización de la cocaína, y otra el debate actual sobre la legalización del uso recreativo de la marihuana. Yo no estoy de acuerdo con el segundo”, agregó.

“No estoy de acuerdo que en Colombia se legalice el consumo de sustancias como la marihuana para uso recreativo y menos la cocaína, porque no tenemos el control de las calles”, acotó.

Echeverry valoró la importancia de debatir este tema con las grandes potencias, evaluar otras estrategias y ver de qué herramientas disponen los gobiernos.

“Sí creo que la solución a largo plazo en Colombia y el mundo, es que se legalice este tráfico. Sin embargo, a corto plazo no estoy de acuerdo con que se avance en este sentido”, añadió.

Se refirió además, a la destrucción de infraestructura para la producción de sustancias ilegales. “Hablan de la destrucción de laboratorios, el lavado de dinero y justicia, la erradicación, pero llevamos 40 años luchando contra la mata y los datos muestran que erradicar una mata vale ocho veces más que plantarla”.

Para el precandidato “toda la plata que se invierta en erradicar se va a perder, pero si nos concentramos en la destrucción de laboratorios, en el lavado de dinero, importaciones ilícitas, se tendrán otros resultados”, comentó.

Señaló también la necesidad de crear nuevas oportunidades y programas para los campesinos.

Sobre las fumigaciones aérea dijo: “Deben ser un recurso de última instancia, aunque podrían considerarse como una herramienta. Yo no le quitaría al Estado ninguna herramienta, eso no quiere decir que la erradicación sea el centro de la política antidrogas, ni la erradicación con glifosato, porque vamos peleando 40 años contra la mata y no hemos avanzado gran cosa”, observó.

Para el precandidato Juan Manuel Galán hay un cambio histórico por parte del gobierno de Joe Biden en la lucha contra las drogas.

Galán señaló que Colombia avanza en el objetivo de combatir el narcotráfico y aseguró que se debe implementar una política de titulación de tierras: "Los cultivos y los laboratorios están en los baldíos de la nación y en los Parques Nacionales. Eso no ocurre en Ecuador, porque existe propiedad sobre las tierras”, dijo.

Y agregó que "se debe luchar contra la droga desde la búsqueda de los insumos para la producción de cocaína".

Según el reporte de la ONDCP, en Colombia se registraron 245.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca en 2020, la cifra más alta de la última década, y la producción de cocaína se elevó a 1.010 toneladas métricas, superando las 936 reportadas en 2019.

La administración estadounidense señaló que dirigirá sus esfuerzos para consolidar la implementación del proceso de paz firmado hace cinco años entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para asegurarle a las comunidades rurales, las más afectadas por los grupos armados ilegales, el desarrollo económico y la seguridad en sus territorios.