La JEP rechaza que alias ‘Chucho’ rinda testimonio por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la solicitud radicada por el abogado Joan Sebastián Moreno, en la que pedía que el exguerrillero José Marbel Zamora ‘Chucho’ fuera llamado a declarar por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Moreno, quien representa a la familia de José del Cristo Huertas (fallecido junto Gómez Hurtado el 2 de noviembre de 1995), señaló ante la Fiscalía colombiana que cuando fue capturado Zamora se refirió a un infiltrado de la Policía conocido con el alias ‘Sebastián’, identificado como José Albeiro Carrillo, quien también hacía parte de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) de las Farc.

Según la descripción física, se podría tratar de la persona que Carlos Antonio Lozada, exguerrillero y hoy congresista por el partido Comunes (nuevo partido FARC), señaló ante la JEP como uno de los autores del crimen, que desertó y no saben su paradero.

“(...)a él se le decía “Sebastián”, yo no le conocí más nombres y nosotros le decíamos ‘El Paisa’, también, él asistió a una reunión de la célula (RUAN) (...) luego de algún tipo de llamadas de atención, él comentó que se debía ir a Medellín, puesto que la mamá estaba enferma, a partir de ese instante no lo volvimos a ver” señaló la declaración de Zamora.

 Zamora ha comparecido previamente ante la JEP, por lo que para el abogado de la familia consideraba importante que dentro del proceso sobre si se admite o no el magnicidio del líder conservador fuese escuchado, debido a su importante conocimiento sobre esa Red Urbana delincuencial, lo cual no fue aceptado por el despacho.

La razón por la que fue rechazada la solicitud, de acuerdo con los magistrados, es que en el momento en el que se encuentra el trámite, los vinculados pueden aportar pruebas, más no solicitarlas, como lo estipula la ley, por lo que están impedidos para indicarle a la Sala cómo proceder.

“(...)no se puede concluir que en un trámite previo de determinación de competencia se puedan desarrollar acciones procesales que son más propias de una investigación penal ordinaria o, incluso, de un proceso penal ordinario” concluyó la JEP.

Además, la JEP también decidió desestimar la solicitud encaminada a que Carlos Antonio Lozada fuera llamado a ampliar sus declaraciones para que entregara información sobre las características físicas de alias ‘Sebastián’, con el fin de establecer si coinciden por las entregadas por 'Chucho' y otros temas de la RUAN.

El despacho solamente decidió incorporar las declaraciones de otros exguerrilleros que formaban la RUAN las cuales fueron entregadas a la Fiscalía en el pasado, así como las versiones voluntarias de expolicías vinculados a la masacre de Mondoñedo.

La JEP también le ordenó al senador Lozada cumplir con la entrega del llamado “Libro gordo de Marulanda”, una de las pruebas que afirmó iba a entregar pero hasta el momento y luego de 10 meses eso no ha ocurrido.

LA MASACRE DE MONDOÑEDO

El 6 y 7 de noviembre de 1996 cuatro estudiantes de la Universidad Distrital fueron secuestrados y asesinados por miembros de la policía colombiana. El antiguo miembro del Secretariado de las Farc y ahora congresista de Colombia, Carlos Antonio Lozada, aseguró que en esos hechos murieron dos personas que participaron en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.

En una entrevista exclusiva con el medio colombiano El Espectador, Lozada aceptó su responsabilidad en el plan para asesinar al líder conservador y entonces candidato presidencial Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995. 

Lozada,  señaló que en el asesinato de los cuatro estudiantes en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa, murieron dos de las personas que participaron en el magnicidio de Gómez Hurtado. Se trata de Juan Carlos Urbano o Chayán, el líder de la operación, y Roque o Mono Chiquito. 

“Algunos de los que participaron en el asesinato de Gómez fueron asesinados por la Policía. Creo que ahí lograron establecer los hechos, pero como los mataron, al Estado le tocó callarse. Ante el asesinato y la barbarie que cometieron con los compañeros intentaron ocultar esos hechos y desviaron la atención", señaló Lozada a este diario.

Los agentes de policía responsables de la masacre fueron condenados a 38 años de prisión. Todos fueron aceptados en la JEP un año después cuando fueron beneficiados con la libertad transitoria y anticipada.