El sistema de salud en Colombia se encuentra en cuidados intensivos, y los principales perjudicados son los pacientes, quienes deben enfrentarse a largos y complejos procesos para acceder a trámites, citas con especialistas y medicamentos prescritos.

Las imágenes de cientos de personas haciendo fila en los diferentes dispensarios farmacéuticos del país tienen consternados a los colombianos, pues para conseguir un turno para el día siguiente deben llegar con al menos 12 horas de antelación y sin la certeza de que les darán todo lo que está en las órdenes.

En su mayoría son adultos mayores que, con cartones, almohadas y algo de comida, pasan la noche frente al dispensario. Todo con la esperanza de alcanzar uno de los escasos 400 turnos que se distribuyen cada mañana a partir de las 7:00 a.m.

Esta escena, repetida en todo el país, no sólo evidencia el colapso operativo del sistema, sino que revela un problema estructural aún más grave: la excesiva concentración del control en manos del Estado. Según cifras del propio Ministerio de Salud, el gobierno de Gustavo Petro ya maneja directamente la atención de 29,7 millones de afiliados, como resultado de la intervención de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS). En la práctica, esto significa que el Ejecutivo maneja más de la mitad del sistema de salud colombiano, con resultados que distan de ser eficientes.

Esta crisis no surgió de la noche a la mañana

Colombia ya había experimentado un modelo similar con el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) que durante décadas fue la columna vertebral del sistema de seguridad social pero que terminó colapsando debido a su limitada cobertura y a los múltiples escándalos de corrupción acumulados a lo largo del tiempo.

El ISS fue protagonista hasta la llegada de la Ley 100 de 1993 que introdujo cambios estructurales al sistema incluyendo la participación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la apertura a la competencia como mecanismo para mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura.

Aunque esta reforma permitió que millones de colombianos accedieron por primera vez a los servicios de salud, también dejó al sistema vulnerable a problemas estructurales como la desfinanciación, el clientelismo político y una excesiva burocracia.

Cómo opera la salud en Colombia

El sistema de salud colombiano opera bajo un modelo mixto, donde tanto entidades públicas como privadas gestionan la prestación de servicios a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Los ciudadanos, por medio de sus aportes, se afilian al régimen contributivo y quienes no cuentan para sus cotizaciones son vinculados al régimen subsidiado.

Las EPS actúan como intermediarias entre el Estado, los usuarios y las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), es decir hospitales, clínicas o centros de salud, autorizando servicios y administrando recursos.

Sin embargo, esta intermediación ha generado múltiples cuellos de botella: retrasos en los pagos, excesiva burocracia y poca supervisión sobre el uso de los recursos. Entre los casos más recordados está el de la EPS SaludCoop, que llegó a tener más de 5 millones de afiliados, pero que en 2011 fue intervenida por el Gobierno debido a irregularidades financieras y administrativas, entre ellas el desvío de fondos destinados a la atención médica a inversiones no relacionadas con la salud.

El clientelismo político también ha tenido un impacto negativo en el sistema, pues la corrupción y la mala administración han llevado a la liquidación de varias EPS. Por su parte, la burocracia, en lugar de facilitar los procesos, ha impuesto barreras administrativas que dificultan el acceso oportuno a los servicios, razón por la cual los pacientes enfrentan trabas en la disponibilidad de medicamentos, demoras en la atención y lentitud en la autorización de tratamientos médicos.

Cuando el Estado lo controla todo, nadie responde por nada

El gobierno de Gustavo Petro propone reformar a fondo el sistema de salud colombiano. Su propuesta, que busca eliminar las EPS, quitarles a los ciudadanos la libertad de escoger su prestador y concentrar los recursos en una sola entidad estatal. Aunque se anuncia como una solución estructural, lo que ha despertado es una fuerte controversia sobre sus reales implicaciones.

Uno de los cambios más preocupantes es que se eliminaría la función de gestión del riesgo en salud que actualmente cumplen las EPS, sin dejar claro quién ni cómo asumiría esta responsabilidad.

Además, se pretende que sea la ADRES, una entidad estatal, la que centralice todos los pagos del sistema sanitario. Poner todos los recursos en un solo bolsillo, sin controles claros ni competencia, abre la puerta a la falta de transparencia, al uso político del dinero público y al debilitamiento de la confianza ciudadana.

Y lo más delicado es que algunos de estos cambios ya se están implementando de forma silenciosa, a través de decisiones administrativas y órdenes ejecutivas. ¿El resultado? No ha sido más eficiencia, sino más caos. Los pagos a hospitales se demoran, las clínicas no saben con quién coordinar los servicios, el personal médico pierde la motivación, y los pacientes no tienen claro a quién acudir ni a quién exigirle una respuesta.

La salud no puede convertirse en un campo de batalla ideológico ni en un experimento centralizador que ignore la realidad de millones de colombianos.

Los gobiernos pueden garantizar el acceso, pero otra muy distinta es prometer resultados. No se trata de privatizar la salud, se trata de empoderar al ciudadano, de permitirle tomar decisiones sobre su vida, y de construir un sistema donde haya reglas claras y responsabilidades compartidas. En un sistema donde nadie elige, nadie responde.