Informe: gobierno de Petro deja a migrantes venezolanos en un limbo jurídico

Colombia continúa siendo el principal país receptor de la migración venezolana, pero las políticas recientes han dejado a miles en un limbo jurídico y sin acceso real a derechos básicos.

Un nuevo informe conjunto del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) detalla cómo las decisiones del gobierno de Petro, sumadas al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la caída de la cooperación internacional, han desmantelado instrumentos claves de protección y regularización, como la eliminación de la Gerencia de Fronteras y del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) -esencial para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT)-, lo que ha frustrado la ruta administrativa para millones de desplazados.

Desde 2015, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera buscando protección y condiciones dignas de vida. "Sin embargo, los avances logrados en los primeros años en materia de regularización e integración han sido progresivamente desmantelados. Hoy, miles de personas permanecen en un limbo jurídico, sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo", indica el documento.

El informe indica que, desde junio de 2023 no existen mecanismos generales de regularización. Las opciones vigentes, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor) o la visa Visitante Especial, son de difícil acceso y sin campañas informativas, lo que genera confusión, retrasos y exclusión.

Además, Colombia no ha implementado protocolos de protección diferenciada para venezolanos que huyen por motivos políticos, incluyendo activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.