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Terrorismo

Exjefes de las FARC reconocen ante Tribunal de la Paz delitos de lesa humanidad

Exjefes máximos de las extintas FARC reconocieron en una audiencia pública los delitos de secuestro y otros crímenes que cometieron durante el conflicto armado en Colombia

Junio 23, 2022 5:56pm

Updated: Junio 23, 2022 5:57pm

El último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", reconoció este martes en una audiencia pública en Bogotá, la responsabilidad de la desmovilizada guerrilla en los secuestros y asesinatos de civiles, militares y policías cometidos durante el conflicto armado en Colombia. 

"Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro", dijo Londoño en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la biblioteca Virgilio Barco Vargas, de Bogotá.

Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, miembros del último secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla y, por tanto, responsables de las acciones de ese grupo armado.

Londoño añadió en una declaración leída que acudían para "asumir la responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra". La declaración se tomó dentro del caso 01 abierto en julio de 2018.

A la audiencia también asistieron víctimas de secuestrados, quienes exigieron justicia.

Las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y sin hacer distinciones en territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial.

"El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro", dijo la magistrada Julieta Lemaitre, quien condujo la sesión.

La jueza explicó que entre los patrones que definieron la política de secuestro de las FARC-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, se incluyen: forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos, reportó Efe.

FARC admiten abusos sexuales a secuestrados

Este jueves se cumple la tercera sesión donde los antiguos secretarios de las FARC deben responder por los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Reconozco que a pesar de no haber sido una política y una práctica direccionada por el secretariado hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro de los ejercicios de control de territorio", aseguró en una declaración leída "Timochenko".

Antes de sus declaraciones, los exguerrilleros escucharon un testimonio anónimo de una de sus víctimas a la que violaron cuando fue secuestrada.

"Aún siento ese temor y esa vaina porque siempre recuerdo esa violación. Fueron tres hombres que tuvieron la relación conmigo, mientras los pies y las manos estaban amarradas con un candado", contó la mujer.

El antiguo Secretariado de las FARC-EP fue imputado en el caso 01 por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos.

También fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.

La JEP abrió el caso 01 el 4 de julio de 2018 y en su proceso investigativo ha logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula.

Los imputados había reconocido su responsabilidad, de manera escrita en abril del año pasado y ahora lo hacen verbalmente en público.

El proceso judicial es clave, según la JEP, porque contribuye a la reparación de la víctimas. Después de la audiencia, “la magistratura tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá la sanción a imponer a los imputados”.