Juez ordena fase de descubrimiento en demanda por colusión en las redes sociales contra gobierno de Biden

El presidente Joe Biden, los miembros de su administración y algunas empresas de redes sociales deben entregar documentos y responder a preguntas en los próximos 30 días durante la fase de presentación de pruebas de una demanda por supuesta connivencia para suprimir la libertad de expresión, ha dictaminado un tribunal.

Los fiscales generales de Luisiana y Missouri presentaron una demanda en mayo en la cual alegaban que Biden y ocho miembros de alto rango de su administración y del gobierno se confabularon y/o coaccionaron a las empresas de medios sociales Meta, Twitter y YouTube a fin de suprimir "oradores, puntos de vista y contenidos desfavorables en las plataformas de medios sociales".

El martes, Terry Doughty, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana, dictaminó que existe una "buena causa" para el proceso de descubrimiento y estableció un calendario, el cual incluye plazos específicos para las deposiciones.

"En mayo, Missouri y Luisiana presentaron una demanda histórica contra funcionarios de alto rango de la Administración Biden por una supuesta colusión con los gigantes de las redes sociales para suprimir la libertad de expresión sobre una serie de temas que incluyen los orígenes de la COVID-19, la eficacia de las mascarillas y la integridad electoral", explicó en un comunicado el fiscal general republicano de Missouri, Eric Schmitt, quien también candidato al escaño del senador estadounidense retirado Roy Blunt.

"Hoy, el Tribunal concedió nuestra moción de descubrimiento, allanando el camino para que mi oficina reúna documentos importantes para llegar al fondo de esa supuesta colusión. Es un gran avance", concluyó.

La demanda de cuatro cuentas sostiene que las compañías de medios sociales etiquetaron el contenido como "desinformación" y "mala información". La demanda sostiene que la supresión constituye una acción gubernamental y viola la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

La demanda también sostiene que las acciones del gobierno federal excedieron la autoridad estatutaria y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violaron la Ley de Procedimiento Administrativo.

Además, los fiscales generales afirman que una "Junta de Gobierno de Desinformación" dentro del DHS presionó a las compañías de medios sociales para suprimir la libertad de expresión en:

La historia de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020; la discusión sobre la teoría de la fuga de laboratorio del origen de COVID-19; la discusión sobre la eficacia de las mascarillas y los bloqueos de la COVID-19; así como la expresión sobre la integridad de las elecciones y la seguridad del voto por correo.

Después de que los fiscales presentaran una moción para acelerar la presentación de pruebas relacionadas con el requerimiento judicial preliminar, el gobierno de Biden presentó una objeción. El gobierno de Biden argumentó entonces que Luisiana y Missouri no tienen autoridad para presentar una demanda de parens patria -una acción para proteger a los ciudadanos que no pueden protegerse a sí mismos- contra el gobierno federal.

La administración asimismo indicó que los estados no pueden cumplir la norma de "perjuicio de hecho", definida como "haber sufrido 'una invasión de un interés legalmente protegido' que sea 'concreta', 'particularizada' y 'real o inminente, no conjetural o hipotética'". La administración sostuvo que no había un vínculo entre los supuestos daños a los estados y las supuestas acciones del gobierno y argumentó que los estados no pueden demostrar cómo el tribunal proporcionará justicia para un supuesto "daño de hecho".

El juez Doughty, un republicano nominado por el expresidente Donald Trump y confirmado por una votación de 98-0 en el Senado, escribió en su fallo que los estados cumplieron con los argumentos de la administración. Doughty también bloqueó el mandato de la vacuna COVID-19 de Biden a nivel nacional para los trabajadores de la salud en 2021.