Gobierno federal obliga a derogar la ley de zonas "libres de delitos" de California que afectó a negros y latinos

El Departamento de Justicia de EE. UU. resolvió un caso de derechos civiles que la agencia presentó contra la ciudad de Hesperia en California, que alegaba que la ley de zonas "libre de delitos" del municipio obligaba a los propietarios a desalojar a los acusados de actividades delictivas y creaba un impacto dispar contra los inquilinos negros y latinos.

El acuerdo, que aún no ha sido aprobado por el juez federal que preside el caso, obligará a la ciudad del desierto de Mojave y al departamento del alguacil a pagar alrededor de $ 1 millón en daños y derogar una ordenanza draconiana que obligaba a los propietarios a desalojar a cualquier persona acusada de participar en actividades delictivas, incluso cuando los cargos estaban pendientes o sin un arresto.

El acuerdo es el primero de su tipo y una victoria para el Departamento de Justicia que impugnó la ley en virtud de la Ley federal de Vivienda Justa. El acuerdo podría tener un impacto sistémico al crear un aviso para unas 2,000 comunidades más en todo el país que aprobaron programas 'libres de delitos' similares, según la agencia.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. determinó que, con dichos programas, los inquilinos latinos tienen un 29 % más de probabilidades de ser desalojados que los inquilinos blancos.

La agencia presentó una demanda en 2019, demostrando intenciones discriminatorias en los comentarios de un concejal de la ciudad que dijo que la ciudad necesitaba solucionar un "problema demográfico" a medida que aumentaba su población negra y latina.

Otro miembro del concejo dijo entonces que la intención de la ley era obligar a los propietarios a eliminar la “plaga” de sus edificios, comparando la eliminación de aquellos bajo sospecha con contratar a un exterminador para fumigar cucarachas.

El acuerdo obligará a la ciudad y al departamento del alguacil a pagar $950,000, pero se pagarán $670,000 a los denunciantes que dijeron que la ordenanza los perjudicó injustamente.

El resto se destinará principalmente a pagar las multas civiles de la ciudad y la financiación de vivienda justa y  organizaciones comunitarias.

En una llamada con los periodistas el miércoles, la procuradora general Kristen Clarke dijo que la política tuvo un impacto notable en la comunidad.

“Esta [ordenanza] significó el desalojo de familias enteras por conducta que involucró a un inquilino o incluso a sus huéspedes, o miembros de la familia separados”, dijo Clarke. “Significó desalojos de los sobrevivientes de violencia doméstica. Significaba desalojos ante la falta de pruebas concretas y reales de actividad delictiva”.

La nueva orden de consentimiento de la corte permanecerá vigente durante cinco años mientras la ciudad permanece bajo la vigilancia del Departamento de Justicia para garantizar que cumpla con el acuerdo y la ley.

Hesperia es una de las ciudades más antiguas de California. Sus primeros habitantes fueron los indios serranos. Finalmente, se estableció como parte de una concesión de tierras española en 1781 y fue anexado por los EE. UU. en 1848 después de la Guerra México-Estadounidense.