Educación
Escuela de J.J. Abrams es demandada por su mandato de vacuna COVID
La política del Palisades Charter High School está plagada de exenciones arbitrarias, acusan padres
Diciembre 14, 2021 10:50pm
Updated: Diciembre 15, 2021 4:22pm
La escuela pública de Los Ángeles de la cual se graduó el aclamado director J.J. Abrams se enfrenta a un litigio tras haberse comprometido a prohibir la entrada al campus a algunos estudiantes -pero no a todos- que no estén vacunados contra la COVID-19.
Un grupo de padres solicitó una "orden judicial" para impedir que la Palisades Charter High School (PCHS), donde también se filmaron películas como "Carrie", "Old School" y "Modern Family", excluya a sus hijos de las clases presenciales y actividades extracurriculares. Los padres son representados por la organización sin ánimo de lucro californiana Let Them Breathe.
La política anti COVID de la escuela se apoya en las reglas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), misma que exige la vacunación de los niños a partir de los 12 años.
Sin embargo, al ser una escuela pública "independiente", el PCHS no se rige por el LAUSD. Su mandato de vacunación se aplica a partir de los 16 años, pero se extenderá a los estudiantes de 12 una vez que la FDA apruebe completamente la vacuna COVID para ese grupo de edad.
Según la demanda presentada el 10 de diciembre en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la política de la PCHS está plagada de exenciones arbitrarias para "estudiantes inmigrantes, sin hogar, en régimen de adopción o de familias militares", así como para estudiantes de educación especial.
Aunque se reconocen las exenciones por motivos médicos, no se aceptan las "exenciones por creencias religiosas o personales". Asimismo todos los estudiantes no exentos serán "recomendados" a inscribirse en el programa virtual de la escuela.
El mandato no tiene fecha de caducidad, lo que significa que el PCHS se extralimitaría en caso de que el estado de California no añada la vacuna COVID a la lista legal de inmunizaciones obligatorias para los escolares. La exclusión también viola la declaración de derechos de la escuela, la cual promete "el derecho a la igualdad de participación en la vida de la comunidad escolar."
De acuerdo con la constitución estatal, cualquier infracción del derecho a la igualdad de acceso a la educación debe cumplir ciertos elementos legales del escrutinio estricto, como el interés urgente, las condiciones "necesarias para promover ese interés", así como los mecanismos diseñados para lograrlo.
"La experiencia y la ciencia han demostrado que las escuelas no impulsan la transmisión del virus en la comunidad y que las escuelas pueden volver a abrir con seguridad, aunque con precauciones básicas que son mucho menos perjudiciales para los estudiantes", argumenta la demanda.
Dado que no reconoce la inmunidad natural o las infecciones de última hora, y se brinda un "trato preferencial" para algunos estudiantes no vacunados, el mandato ni siquiera puede cumplir con el "escrutinio de base racional", un nivel de revisión judicial citado para defender algunos mandatos de vacunas puestos en práctica recientemente.
La escuela cambió la fecha límite de cumplimiento al menos dos veces este otoño. Un mensaje del 30 de octubre dirigido a la comunidad por la directora Pam Magee, compartido con Just the News por la fundadora de Let Them Breathe, Sharon McKeeman, daba como fecha límite el 17 de diciembre para recibir la "última dosis" de una vacuna.
Sin embargo, la demanda afirma que la fecha límite es el 27 de diciembre. McKeeman citó un correo electrónico del 9 de diciembre enviado por la PCHS, donde se dio a los padres un día para confirmar que sus estudiantes habrán recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer para el 27 de diciembre.
Ese plazo se ha retrasado hasta el 17 de diciembre, de acuerdo con el sitio web de PCHS en una ventana publicada el 14 de diciembre - cuatro días después de que la demanda fue presentada. Magee no respondió a una solicitud de comentarios.
The uncertainty around the deadline shows "why schools should not be able to mandate outside of statewide mandates," McKeeman wrote in an email. Her group is hearing especially from families that don't speak English well, because they can't make heads or tails of the shifting directives.
34,000 noncompliant
The same day the PCHS lawsuit was filed, LAUSD said it would discuss delaying the mandate's effective date until fall 2022, crediting "high vaccination rates." Nearly 87% of students 12 and older are in compliance, interim Superintendent Megan Reilly said.
On Tuesday, Dec. 14 the LAUSD board voted to postpone the deadline for vaccination until fall 2022.
On Monday, a Los Angeles Superior Court judge had denied a preliminary injunction against LAUSD sought by two other parent groups, finding off-campus learning was better than the risk of COVID spread in school, City News Service reported.
McKeeman, sin embargo, atribuye ese incumplimiento a la reconsideración del LAUSD y a los "importantes problemas logísticos y legales que presenta".
Los Angeles Times informó la semana pasada de que unos 34,000 estudiantes no habían cumplido con el mandato, y los que aún no habían recibido su primera vacuna no podrían ser considerados como totalmente vacunados para el próximo semestre.
El programa virtual de estudios independientes del distrito, llamado City of Angels ("Ciudad de ángeles"), presentó algunos problemas para atender a sólo 16,000 estudiantes este otoño, además de que muchos niños perdían días o a veces semanas de instrucción, según LA Times.
La reimposición del mandato de para usar cubrebocas en interiores del Estado "hará que más adultos se unan a nuestra misión de liberar a todos para que compartan sus sonrisas", predijo McKeeman.
Esta demanda es sólo la última interpuesta por Let Them Breathe contra funcionarios y escuelas de California, pero hay más en camino. La organización envió recientemente una carta de advertencia legal al Sweetwater Union High School District en respuesta a su mandato de vacunación, adelantó McKeeman.
También presentó otra demanda contra el gobernador Gavin Newsom y varios jefes de agencia para poner fin al mandato de uso de cubrebocas entre estudiantes, aunque se ha estancado debido a que el estado "fue capaz de protegerse detrás de la orden de emergencia [de Newsom]", lamentó McKeeman.
Sin embargo, el grupo consiguió una pequeña victoria tras establecer que las directrices estatales no pueden obligar a los alumnos a estudiar a distancia. Ahora, Let Them Breathe trabaja con la dirección de las escuelas para "aplicar medidas de cumplimiento que no excluyan a los niños de su educación".
La audiencia sobre la solicitud de reconsideración del grupo está fijada para el 28 de enero. Let Them Breathe argumenta que el Departamento de Salud de California "tendría que proceder a través del proceso de legislación administrativa con el fin de emitir un requisito de máscara válido para las escuelas", ya que la proclamación de emergencia extendida por el gobernador Newsom no se aplica a las escuelas, explicó McKeeman.
Su grupo también presentó una demanda en octubre contra el Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD) a causa de su mandato de vacunación con las mismas exenciones que el del PCHS. Ambas demandas resaltan que los empleados, pero no los estudiantes, son elegibles para las exenciones religiosas.
La organización sin ánimo de lucro no consiguió una orden judicial contra el mandato del SDUSD porque el distrito dijo al Tribunal Superior del Condado de San Diego que no excluiría a los estudiantes antes del 24 de enero. El argumento oral sobre la petición de mandato está pactado para el 20 de diciembre.
"Si ganamos allí, eso pondrá fin al mandato de forma permanente. Está claro que "los distritos escolares no tienen autoridad para imponer arbitrariamente las vacunas, además de que las exenciones por creencias personales están protegidas por la ley estatal", aseguró McKeeman.
