ACLU se opone a nuevo departamento de seguridad pública de Hawai, pese al apoyo de fuerzas del orden

Una nueva ley para establecer una nueva agencia de seguridad pública costará a Hawaii 900.000 dólares de su fondo de ingresos generales durante el año fiscal 2022-2023 para el nuevo personal.

El gobernador David Ige elogió la legislación, mediante la cual se ordena crear el Departamento de Aplicación de la Ley, la primera agencia nueva creada desde 1989, cuando los funcionarios estatales crearon el Departamento de Seguridad Pública (DLE).

El nuevo departamento incluye la División de Aplicación de la Ley y la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Seguridad Pública, la División de Puertos del Departamento de Transporte y la División de Investigación Criminal del Departamento del Fiscal General. También forman parte del DLE la Oficina de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa y el Centro de Fusión del Estado de Hawai.

Los 900.000 dólares son necesarios para financiar un director, un subdirector, un funcionario de servicios administrativos, un funcionario de recursos humanos y dos puestos de secretario privado para el nuevo departamento, según el proyecto de ley.

Un equipo de transición comenzó a establecer la infraestructura del nuevo departamento el 1 de julio y está previsto que la administración esté conformada el 1 de julio de 2023. Sin embargo, el departamento será plenamente operativo el 1 de enero de 2024, según el proyecto de ley.

El actual Departamento de Seguridad Pública se convertirá en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación y funcionará por separado del DLE, según Ige.

"Hawái es el único estado del país que no tiene una agencia estatal de seguridad centralizada e independiente. El nuevo departamento permitirá una respuesta de emergencia más eficiente y eficaz, la aplicación de la ley penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad nacional", expresó el gobernador al firmar el proyecto de ley.

El proyecto de ley también contó con un amplio respaldo de las fuerzas del orden.

"Las divisiones de correcciones y de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Pública tienen misiones claramente diferentes y únicas. Una vez que la conversión de la Seguridad Pública al Departamento de Correcciones y Rehabilitación se haya completado, el departamento será capaz de centrarse en una sola misión para administrar las correcciones, la rehabilitación y el reingreso de la población reclusa", aseguró el Director de Seguridad Pública, Max Otani.

Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles de Hawaii (ACLU) expresó en una carta su oposición al proyecto de ley, ya que obligará al estado a gastar más en seguridad pública que en cualquier otro departamento.

"Recorta la astronómica cantidad de dinero que nuestro gobierno gasta en la aplicación de la ley y el encarcelamiento y redirige ese dinero hacia soluciones basadas en datos como la atención sanitaria, la vivienda, la educación, el tratamiento, el asesoramiento, los servicios humanos en nuestras comunidades, los programas de prevención de la violencia, la desviación, la fianza, la sentencia, la libertad condicional y la reforma de la libertad condicional y la justicia restaurativa", escribió Carrie Ann Shirota, directora de políticas de la ACLU.