La ACLU de Arizona desafía la interpretación de la 'persona' fetal

La ACLU de Arizona está desafiando una nueva cláusula de "persona", que busca otorgar derechos constitucionales a los nonatos en el estado.

El desafío de la ACLU se presenta junto a numerosas audiencias posteriores que se llevan a cabo a raíz de la revocación de Roe v. Wade, mientras los legisladores estatales y los proveedores de servicios de aborto intentan comprender qué es legal actualmente.

ACLU presentó el caso después de que dos clínicas de aborto separadas cerraron por preocupaciones de que su práctica era ilegal, citando una disposición de la ley de 2021 conocida como Política de Interpretación.

La política establece que “Las leyes de este Estado se interpretarán para reconocer, en nombre de un niño por nacer en cada etapa de desarrollo, todos los derechos, privilegios e inmunidades disponibles para otras personas, ciudadanos y residentes de este estado, sujeto únicamente a la Constitución de los Estados Unidos y las interpretaciones decisorias de la misma por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

A la ACLU le preocupa que las vagas definiciones puedan resultar en el enjuiciamiento accidental de sus clientes, el Dr. Reuss y el Dr. Isaacson. Ambos médicos han detenido todos los servicios de aborto hasta que se dé una aclaración.

La ACLU de Arizona dijo: “Una amplia evidencia muestra que la Política de Interpretación debe ser anulada como inconstitucionalmente vaga en lo que respecta al aborto. Si bien la Política de Interpretación exige que cientos de disposiciones civiles y penales sean 'interpretadas e analizadas' para 'reconocer' los derechos de los óvulos, embriones y fetos fertilizados en cualquier etapa de desarrollo, no brinda orientación sobre lo que eso significa en el contexto del aborto”.

La actual ley de aborto de Arizona podría interpretarse de dos maneras en los próximos días. Las regulaciones podrían seguir siendo las mismas que antes del fallo de la Corte Suprema, o anularse a favor de una ley anterior a Roe v. Wade.

La primera fue presentada por el gobernador Doug Ducey antes de la anulación de Roe v. Wade. La ley firmada en abril prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo, con excepciones para proteger la salud de la madre. Habría entrado en vigor independientemente de la decisión SCOTUS 90 días después del final de la sesión legislativa.

La otra opción, la Ley Comstock de Arizona de 1901, prohibió el aborto en su totalidad junto con cualquier publicidad promocional. La ley fue editada el año pasado para enjuiciar a los médicos en lugar de a las madres. Algunos republicanos estatales argumentan que la Ley Comstock ahora debería aplicarse.

En su introducción a su desafío, la ACLU de Arizona dijo: “El desmantelamiento del derecho constitucional federal al aborto que se mantuvo durante mucho tiempo ha desatado el caos en Arizona, lo que genera dudas sobre si la Política de Interpretación ahora se puede usar junto con otras leyes para enjuiciar a los proveedores de servicios de aborto y sus pacientes a pesar de que docenas de leyes de Arizona permiten y regulan expresamente la atención del aborto”.