Fiscal de Arizona pretende suspender norma de asilo del Departamento de Seguridad Nacional

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, solicitó al Tribunal de Distrito de Luisiana que suspenda la Regla Final Interina de Asilo, la cual otorga a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) la autoridad para conceder asilo a los inmigrantes.

"Con su sorprendente nueva norma, el gobierno de Biden intenta apropiarse de las responsabilidades y la autoridad de los jueces federales de inmigración en el proceso de asilo. También lleva a cabo una consolidación de poder sin precedentes de manera descarada, ya que pasa por alto los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos", aseveró Brnovich.

Our office just asked a federal court to postpone the effective date of the Asylum Interim Final Rule or grant a nationwide Preliminary Injunction.

The Asylum Rule aims to disintegrate the asylum-claim process, which encourages illegal immigration. https://t.co/YmHdyaIMx5

— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) May 14, 2022

En marzo, el DHS anunció la norma que autoriza a los funcionarios de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a revisar y aprobar las solicitudes de asilo, una forma de eliminar a los jueces federales de inmigración del proceso.

"El sistema actual de tramitación de las solicitudes de asilo en nuestras fronteras necesita corregirse desde hace tiempo. Mediante esta norma, estamos construyendo un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas que reúnen los requisitos reciban protección con mayor rapidez, al tiempo que aquellas que no reúnen los requisitos serán expulsadas rápidamente. Tramitaremos las solicitudes de asilo o de otro tipo de protección humanitaria de manera oportuna y eficiente, garantizando al mismo tiempo el debido proceso", explicó el secretario Alejandro N. Mayorkas sobre la ley.

En un comunicado de prensa, la oficina de Brnovich expuso que la norma "pretende desintegrar el proceso de solicitud de asilo, lo que fomenta la inmigración ilegal", en un contexto donde la corrupción fronteriza alcanza niveles sin precedentes.  

Para evitar que la crisis fronteriza se agrave, Brnovich y una coalición de otros 19 fiscales generales han pedido al tribunal de Luisiana que retrase la fecha de aplicación de la norma, o que conceda una medida cautelar a escala nacional.  

Según el comunicado, si la norma se implementa, el costo financiero de apoyar a los inmigrantes será cubierto por cada estado, lo cual violaría seis requisitos estatutarios.

"Retrasar la inminente fecha de entrada en vigor del 31 de mayo de 2022 no sólo evitará por completo el daño a los estados, sino que también evitará que el gobierno federal se inflija un daño a sí mismo", aseguró el fiscal Brnovich.