Las diferencias entre “disolver el Congreso” peruano y la “muerte cruzada” en Ecuador

El continente latinoamericano asiste a una nueva crisis presidencial que deja a un presidente con los días contados y a la ciudadanía expectante ante la convocatoria de nuevas elecciones.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que se enfrenta a acusaciones de corrupción por parte de un Congreso dominado por el progresismo y amenazado de destitución, decretó hace unos días la disolución de la legislatura, lo que lleva a la celebración de elecciones generales anticipadas.

El pasado mes de diciembre, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, también tomó una medida similar al disolver el Congreso, que estaba a punto de aprobar un juicio político en su contra. Sin embargo, las decisiones tomadas por estos dos líderes políticos tienen implicaciones diferentes.

En el caso de Ecuador, Lasso optó por disolver el Congreso y convocar inmediatamente a elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, siendo esta situación denominada "muerte cruzada" porque también está en juego su propia cabeza.

En cambio, en Perú, Castillo simplemente disolvió el Congreso y anunció que gobernaría por decreto, evitando que sus decisiones tuvieran que pasar por el debate parlamentario y sin poner en juego su cargo, apostando por perpetuarse en el poder.

Además, en Ecuador, las instituciones han salido a apoyar la convocatoria de elecciones para la renovación del alto gobierno, mientras que en Perú, estas instituciones sintieron la necesidad de proteger la Constitución ante la posibilidad de que no se cumplieran las bases fundamentales de la carta magna. Esta respuesta institucional en Perú desencadenó un "autogolpe" que se saldó con la destitución de Castillo por intentar saltarse el orden constitucional.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, acusado por la oposición legislativa de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ha ordenado la disolución de la Asamblea Nacional debido a una grave crisis política y conmoción interna, según un comunicado de la Presidencia.

Según la Constitución, en un plazo máximo de siete días tras la publicación del decreto de disolución, se convocarán elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021 y finaliza en 2025.

Lasso ha afirmado que esta decisión es democrática no sólo porque es constitucional, sino porque devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir. Acompañado de sus ministros, ha expresado su posición al respecto en cadena nacional.

Cabe mencionar que es la primera vez que un presidente ecuatoriano aplica la llamada "muerte cruzada", que sólo puede ejercerse una vez durante los tres primeros años de su mandato. Entre 1997 y 2005, tres gobernantes surgidos de las urnas fueron derrocados en medio de revueltas populares.